DECRETO LEY Nº 07569

GENERAL DE EJERCITO ALFREDO

OVANDO CANDIA
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MILITAR DE GOBIERNO

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Hacienda ha concluido el cálculo del financiamiento para las diferentes actividades del Sector Público y el estudio de las asignaciones que corresponden a cada uno de los sectores de actividad económica;

Que es necesario aprobar el Presupuesto total del Sector Público para su ejecución en el ejercicio financiero de 1966.

EN JUNTA MILITAR DE GOBIERNO,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Para su vigencia durante el ejercicio fiscal de 1966 y ejecución conforme a normas legales vigentes, apruébase el siguiente Presupuesto de Ingresos y Asignaciones Presupuestarias del Estado por un total de TRES MIL VEINTE Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 68/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 3.022.228.188.68) de acuerdo al siguiente detalle:

ARTÍCULO 2.- Los presupuestos institucionales en detalle serán aprobados mediante Resoluciones Supremas expresas para cada organismo, con mención de metas a cumplirse en la gestión 1966.

ARTÍCULO 3.- Los recursos denominados “propios” de los Ministerios u otros organismos, serán administrados por éstos, previa aprobación de un presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a normas del Ministerio de Hacienda, debiendo el Tesoro General de la Nación, deducir los montos a que ascienden dichos recursos de las asignaciones previstas por la presente disposición legal, en caso de no cumplirse con el requisito de la aprobación presupuestaria.

ARTÍCULO 4.- Los presupuestos de los organismos del Sector Público, serán auditados y evaluados en forma continua por el Departamento de Programación de la Dirección General del Tesoro Nacional y de Presupuesto.

ARTÍCULO 5.- La Contraloría General de la República, al autorizar los pagos correspondientes a los presupuestos de los diferentes organismos del Sector Público, dispondrá la implantación del consiguiente control y registros presupuestarios contables correspondientes.

ARTÍCULO 6.- El Ministerio de Hacienda y los otros organismos del Sector Público, regularán sus egresos de acuerdo a disponibilidades efectivas de Caja, debiendo atender los pagos dentro de un riguroso plan de prioridades.

ARTÍCULO 7.- Los saldos por remanentes de los Subtesoros Nacionales en el interior de la República, por constituir éstos, fondos ordinarios del Tesoro Nacional, no podrán ser utilizados por ningún organismo, quedando derogado el inciso d) del artículo 1° de la Ley de 27 de noviembre de 1945.

ARTÍCULO 8.- Correspondiendo a los Ministerios la responsabilidad de cumplir metas específicas dentro de cada uno de sus presupuestos programados y con la finalidad de que exista una adecuada descentralización en los pagos, el Ministerio de Hacienda entregará mensualmente a los diferentes Ministerios previa caución de ley, la cuota parte mensual de sus presupuestos de gastos e inversiones, en proporción a las sumas disponibles en Caja de la Tesorería General de la Nación.

ARTÍCULO 9.- Cada Ministerio realizará el pago de sus partidas de gastos e inversiones a comerciantes o industriales legalmente establecidos, rindiendo cuentas a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, organismos que después de aprobar dichas rendiciones darán curso a las provisiones de fondos de los meses subsiguientes. Al efecto del cumplimiento de esta disposición los cargos de cuenta serán abiertos por la Contraloría General de la República a nombre de los Ministros respectivos, Jefes Administrativos, o Cajeros Pagadores, toda vez que esta es responsabilidad mancomunada de las autoridades arriba señaladas, debiendo en todo caso, exigirse la caución de ley a que se refieren los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 5 de mayo de 1928 al cargo de Jefe Administrativo o Cajero Pagador.

ARTÍCULO 10.- En los gastos correspondientes a “Viáticos y Gastos de Viaje” deberá exigirse por los organismos pagadores además del informe pertinente el certificado expedido por la autoridad política, militar o administrativa del lugar donde se hubiera cumplido la comisión de servicio, con mención del día, hora de llegada y retorno del comisionado.

ARTÍCULO 11.- De conformidad a la segunda parte del artículo 42 del Decreto Supremo No. 4538 de 15 de diciembre de 1956 y Decreto Ley No. 7280 de 18 de agosto de 1965, las vacancias que se produzcan en los diferentes organismos del Sector Público, no podrán ser provistas sin la aprobación expresa del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 12.- Ninguna oficina pública, dependiente del sector público centralizado o descentralizado, podrá cobrar multas, derechos, tasas o cualquier otra gabela a ningún estante o habitante del país, sin expedir la correspondiente papeleta valorada registrada en la Dirección General de la Renta.

ARTÍCULO 13.- El Ministerio de Hacienda queda facultado para reducir las liberaciones aduaneras concedidas a organismos del Sector Público cuyo estado financiero fuera satisfactorio a juicio de la Dirección General del Tesoro Nacional y de Presupuesto, a fin de reducir con su producto cualquier aspecto desfavorable que pudiera resultar en los ingresos.

ARTÍCULO 14.- Ningún organismo del Sector Público tiene facultad para pagar fuera de los sueldos actuales los impuestos a la Renta por Servicios Personales u otros de sus empleados de planta o contratados, sean estos nacionales o extranjeros.

ARTÍCULO 15.- Se concede el plazo de 30 días a partir de la fecha a los organismos descentralizados (como ser: la Caja Nacional de Seguridad Social, las Universidades de Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí, los Comités de Obras Públicas de Santa Cruz, Potosí y Oruro, la Municipalidad de La Paz y las Alcaldías Provinciales) que aún no lo hubieran hecho, para remitir sus presupuestos al Ministerio de Hacienda, facultándose a este Despacho a retener las participaciones financieras a aquellos organismos que no lo hicieran en el plazo señalado.

ARTÍCULO 16.- La Contraloría General de la República no dará curso a ningún pago con cargo a un sobregiro presupuestario, bajo pena de la Ley de Responsabilidades de 1880.

Los señores Ministros de Estado, en sus respectivas Carteras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y seis años.

FDO. GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA, Cnl. Joaquín Zenteno A., Tcnl. Carlos Alcoreza M., Tcnl. Oscar Quiroga T., Cnl. Jaime Berdecio Z., Tcnl. Hugo Banzer S., Cnl. Juan José Torrez G., Cnl. Rogelio Miranda B., Tcnl. René Bernal E., Cnl. C. Ardiles I., Marcelo Galindo de U., Fernando Diez de Medina.