DECRETO PRESIDENCIAL N° 1260

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que la señora Nemesia Achacollo Tola, Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, mediante nota MDRyT/DESPACHO: 863 – A, del 08 de junio de 2012, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 18 al 22 de junio de 2012, a la ciudad de Río de Janeiro – República Federativa del Brasil, a objeto de participar del Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (RIO+20), solicitando la designación de Ministro Interino mientras dure su ausencia.

Que es necesario designar Ministro Interino para la continuidad administrativa del mencionado Despacho, de conformidad a lo dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 128 del Decreto Supremo N° 29894, de 07 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO.- Desígnese MINISTRO INTERINO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, al ciudadano Juan Jose Hernando Sosa Soruco, Ministro de Hidrocarburos y Energía, mientras dure la ausencia de la titular.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de junio del año dos mil doce.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga.

DECRETO PRESIDENCIAL N° 1257

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que la Dra. Nardi Suxo Iturry, Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, mediante CARTA/MTILCC/DESP/2012-0268, de 31 de mayo de la presente gestión, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 16 de junio al 01 de julio de 2012, a la ciudades de Viena – República de Austria y Berlín – República Federal de Alemania a objeto de asistir al Tercer Período de Sesiones del Grupo de Examen en Aplicación convocado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito; participar en las reuniones con la Misión Diplomática de Bolivia en Alemania; y, participar de las actividades con el partido político de izquierda DIE LINKE en Berlín, respectivamente, razón por la cual solicita se designe Ministro Interino mientras dure su ausencia.

Que es necesario designar Ministro Interino para la continuidad administrativa del mencionado Despacho de conformidad a lo dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 128 del Decreto Supremo N° 29894, de 07 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa MINISTRO INTERINO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, al ciudadano Carlos Gustavo Romero Bonifáz, Ministro de Gobierno, mientras dure la ausencia de la titular.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de junio del año dos mil doce.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga.

LEY Nº 250

LEY DE 15 DE JUNIO DE 2012

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

Artículo 1. Se declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS.

Artículo 2. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del Certificado Patrimonial Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia de la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil doce.

Fdo. Andrés Agustin Villca Daza, Richard Cordel Ramirez, Mary Medina Zabaleta, David Sánchez Heredia, Luis Alfaro Arias, Angel David Cortéz.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de junio del año dos mil doce.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Claudia Stacy Peña Claros, Pablo Cesar Groux Canedo.

R.A.L.P. Nº 006/2014 - 2015

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

De conformidad a lo previsto por el Artículo 172º numeral 14 de la Constitución Política del Estado,

RESUELVE:

ÚNICO.- Aprobar el Decreto Presidencial Nº 2131 de 01 de octubre de 2014 de la Concesión de Indulto por causas humanitarias, remitido por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil catorce años.

Regístrese, Comuníquese y Archívese,

Fdo. Álvaro García Linera, Efrain Condori Lopez, Carlos Aparicio Vedia.

DECRETO PRESIDENCIAL N° 2131

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Parágrafo I del Artículo 73 de la Constitución Política del Estado, determina que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana.

Que el Parágrafo I del Artículo 74 del Texto Constitucional, establece que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas.

Que el numeral 14 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado, señala entre las atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que la situación de las centros penitenciarios, requiere la adopción de medidas que enfrenten los problemas de retardación de justicia, hacinamiento y falta de aplicación de salidas alternativas al proceso, los cuales han adquirido características de verdadero colapso a nivel nacional que afectan la reinserción, readaptación, reintegración y rehabilitación de las personas privadas de libertad.

D E C R E T A:

“CONCESIÓN DE INDULTO POR RAZONES HUMANITARIAS”

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Presidencial, tiene por objeto la concesión de indulto por razones humanitarias, en forma condicionada a personas que se encuentren en privación de libertad, de conformidad a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Presidencial.

ARTÍCULO 2.- (CONCESIÓN DE INDULTO).

I. Concédase indulto a las personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada hasta trescientos sesenta y cinco (365) días calendario siguientes a la publicación del presente Decreto Presidencial, en la Gaceta Oficial de Bolivia, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional; por las siguientes razones:

1. A personas menores de veintiocho (28) años de edad que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena a pena privativa de libertad;

2. A varones a partir de cincuenta y ocho (58) años de edad y a mujeres a
   partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad, que hayan cumplido una
   cuarta (1/4) parte de la condena a pena privativa de libertad;

3. A personas que tuvieran a su cuidado exclusivo a uno o varios de sus hijos
   o hijas menores de doce (12) años de edad, al interior del establecimiento
   penitenciario, antes de la publicación del presente Decreto Presidencial, que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena a pena privativa de libertad;

4. A mujeres embarazadas con seis (6) meses o más de gestación, cumplidos
   hasta dentro de los noventa (90) días calendario, siguientes a la
   publicación del presente Decreto Presidencial, que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena a pena privativa de libertad;

5. A personas con grado de discapacidad grave o muy grave, debidamente certificada por la entidad competente, de conformidad a la normativa vigente, sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena;

6. A personas con enfermedad terminal, debidamente certificada por la entidad competente, de conformidad a la normativa vigente, sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena;

7. Personas con enfermedad incurable, grave o muy grave, siempre que la atención amerite un cuidado especial, debidamente certificada que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena privativa de libertad;

8. A personas no reincidentes, condenadas a pena privativa de libertad igual o menor a ocho (8) años, sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena;

9. A personas condenadas a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10) años, que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena privativa de libertad;

10. A personas condenadas en el marco de la Ley N° 1008, de 19 de julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, a pena privativa de libertad no superior al equivalente a la pena mínima del delito de tráfico, que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena privativa de libertad, salvo las personas multi-reincidentes.

II. La concesión del indulto también alcanzará a personas privadas de libertad que cuenten con los beneficios de extramuro y detención domiciliaria, de conformidad con los Artículos 93, 169 y 197 de la Ley N° 2298, de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión.

III. La concesión del indulto también alcanza a las personas detenidas preventivamente por proceso que se encuentra en etapa preparatoria y se sometan a procedimiento abreviado obteniendo sentencia condenatoria ejecutoriada durante la vigencia del presente Decreto Presidencial, así como a las personas detenidas preventivamente que hubieran hecho uso de recurso de apelación restringida o casación y desistieran del recurso, obteniendo la ejecutoria de la sentencia durante la vigencia del presente Decreto Presidencial.

IV. La concesión del indulto está condicionada a que el indulto sea revocado por la comisión de un delito doloso con posterioridad a su concesión.

V. La aplicación de los incisos establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, es independiente y separada, no siendo concomitantes ni condicionadas unas a otras, siendo suficiente que la persona solicitante se adecúe a cualquiera de las razones.

ARTÍCULO 3.- (EXCLUSIONES PARA LA APLICACIÓN DEL INDULTO).

I. No serán beneficiarías con la aplicación del indulto, establecido en el presente Decreto Presidencial, las personas:

1. Condenadas por delitos en los que la Constitución Política del Estado, Código Penal o disposición legal que no admita el indulto, delito de asesinato, feminicidio, traición a la patria, genocidio, terrorismo, parricidio, espionaje, así como por delito de corrupción, delito de trata y tráfico de personas, delito contra la libertad sexual, delito de contrabando, delito de robo agravado, y las condenadas con penas superiores a los diez (10) años por delito del régimen de la coca y sustancias contraladas;

2. Que se hayan beneficiado anteriormente por el indulto y hubiese incurrido en la comisión de un nuevo delito.

II. Por razones humanitarias, no habrán exclusiones a los casos establecidos en los incisos d), e) y f) del Parágrafo I del Artículo 2 del presente Decreto Presidencial, salvo que se trate de delito en que la Constitución Política del Estado, el Código Penal o disposición legal que no admita indulto.

III. Se entenderá que no son reincidentes las personas que, además de una sentencia ejecutoriada conforme a lo señalado en el Artículo 41 del Código Penal, tuvieran imputaciones formales que no hayan concluido en sentencia ejecutoriada.

IV. Se entenderá que hay multi-reincidencia cuando la persona con condena ejecutoriada en Bolivia o en el extranjero tuviera más de dos (2) sentencias ejecutoriadas por otros delitos.

ARTÍCULO 4.- (REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE INDULTO). La concesión de indulto deberá estar respaldada por la siguiente documentación:

1. Cédula de Identidad, Pasaporte, Documento Nacional de Identidad o Libreta de Servicio Militar;

2. Fotocopia simple de la sentencia ejecutoriada y fotocopia legalizada del mandamiento de condena;

3. Certificado del sistema de seguimiento de causas judiciales (IANUS), que acredite que el solicitante no tiene una sentencia en trámite por un hecho distinto;

4. Certificado emitido por el Área de Trabajo Social de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario que acredite que la persona se encuentra dentro de lo señalado por el inciso c) del Artículo 2 del presente Decreto Presidencial;

5. Carnet prenatal, registro en el Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” y controles del embarazo, señalado por el inciso d) del Artículo 2 del presente Decreto Presidencial;

6. Carnet o certificado de discapacidad expedido por la autoridad competente,
   señalado por el inciso e) del Artículo 2 del presente Decreto Presidencial;

7. Certificado de permanencia expedido por el establecimiento penitenciario;

8. Certificado médico homologado por médico forense, señalado por los incisos f), g) del Artículo 2 del presente Decreto Presidencial;

9. Certificado de antecedentes penales, señalado por los incisos h), j) del Artículo 2 del presente Decreto Presidencial.

ARTÍCULO 5.- (TRÁMITE DE SOLICITUD).

I. La persona privada de libertad deberá presentar su carpeta con la documentación señalada en el Artículo 4 del presente Decreto Presidencial, ante el Servicio Legal del respectivo establecimiento penitenciario.

II. El formulario de solicitud para el beneficio del indulto deberá ser llenado por el Servicio Legal del respectivo establecimiento penitenciario, sin necesidad de firma de abogada o abogado patrocinante, previa recepción de los documentos que correspondan. La carpeta de solicitud, en el plazo de veinticuatro (24) horas será remitida a la respectiva Dirección Departamental de Régimen Penitenciario.

III. Las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario tendrán las siguientes obligaciones:

1. Analizar las solicitudes y la documentación presentada por el Servicio Legal de los Centros Penitenciarios;

2. Emitir un informe de “cumplimiento” o “no cumplimiento” de los requisitos establecidos para la solicitud del indulto y remitir la carpeta respectiva dentro del plazo de tres (3) días hábiles de recibida la carpeta;

3. En caso de “cumplimiento”, la carpeta de solicitud deberá ser remitida a la Dirección General de Régimen Penitenciario, con la Resolución Administrativa de Concesión del Beneficio del Indulto y documentación de respaldo adjunta;

4. En caso de “no cumplimiento” de los requisitos, la carpeta deberá ser devuelta al Servicio Legal que corresponda para subsanar la observación o devolver la documentación a la persona solicitante;

5. La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, una vez recibida la carpeta de solicitud, con el visto bueno del Director General de Régimen Penitenciario, dentro del plazo de tres (3) días hábiles y remitirla al Juzgado de Ejecución Penal competente, para la homologación de la Resolución de Indulto emitida.

ARTÍCULO 6.- (RESPONSABILIDAD CIVIL, COSTAS Y DÍAS MULTA). La concesión del indulto alcanza a los días multa y no exime del cumplimiento de la responsabilidad civil y costas, que son independientes y no afectan a la eficacia de la libertad concedida a través del indulto.

ARTÍCULO 7.- (ASISTENCIA INSTITUCIONAL).

I. Para la implementación efectiva del presente Decreto Presidencial, asistirán a las y los posibles beneficiarios del indulto, con celeridad y de forma gratuita, las siguientes instituciones:

1. La Defensoría del Pueblo, para la orientación y asesoramiento en el marco de sus competencias;

2. El Servicio Plurinacional de Defensa Pública estará a cargo de gestionar las solicitudes de indulto;

3. El Servicio de Registro Cívico, a nivel nacional, otorgará gratuitamente los certificados de nacimiento que le fueren solicitados;

4. El Servicio de General de Identificación, a nivel nacional, otorgará gratuitamente las cédulas de identidad que le fueran solicitadas;

5. El Ministerio de Salud a través del Programa de Protección Social a la Madre, Niño, Niña, Bono Juana Azurduy, dispondrá expresamente la atención a mujeres embarazadas que se encuentran en establecimientos penitenciarios;

6. La autoridad competente otorgará el carnet o certificado de discapacidad;

7. El Órgano Judicial otorgará de forma gratuita y oportuna, las fotocopias de sentencias ejecutoriadas y fotocopias legalizadas de mandamientos de condena, certificados del sistema de seguimiento de causas judiciales (IANUS), Registro Judicial de Antecedentes Penales – REJAP u otras que le sean solicitados a los fines del cumplimiento del presente Decreto Presidencial, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas en base a la documentación y/o información que curse en su poder, bajo responsabilidades de ley;

8. Las autoridades judiciales viabilizarán la inserción oportuna de las sentencias condenatorias ejecutoriadas en el REJAP;

9. La directora o el director del establecimiento penitenciario otorgará los certificados de tiempo de permanencia u otras que le sean solicitadas a los fines del cumplimiento del presente Decreto Presidencial, en el plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidades de ley.

II. El Órgano Judicial y el Ministerio Público darán prioridad a los trámites relacionados al indulto.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El presente Decreto Presidencial, entrará en vigencia a partir de su publicación, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, al primer día del mes de octubre del año dos mil catorce.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Jorge Perez Valenzuela, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar.

DECRETO SUPREMO N° 2785
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 405 de la Constitución Política del Estado, determina que el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria.

Que el Parágrafo I del Artículo 406 del Texto Constitucional, establece que el Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables.

Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 22 de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, dispone que en el marco de la planificación participativa, el Estado promoverá y fomentará procesos de mecanización y tecnificación agropecuaria adecuados y adaptados a los diferentes pisos ecológicos, las vocaciones productivas y de uso de suelo, que sean accesibles y sostenibles, respetando los derechos de la Madre Tierra, mediante la facilitación al acceso a tecnología mecanizada e incentivo a su uso para la producción agropecuaria.

Que el numeral 5 del Parágrafo I del Artículo 38 de la Ley Nº 144, señala que para la concreción de las políticas y planes de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, se dispone la creación y el fortalecimiento de entidades públicas, según corresponda, para el cumplimiento de entre otras acciones la asistencia técnica, provisión de maquinaria, equipamiento agrícola diferenciado por pisos ecológicos, a requerimiento y decisión de los productores.

Que el inciso b) del numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 91 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece que de acuerdo a la competencia concurrente del numeral 16 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos deben promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el marco de la política general.

Que la Ley Nº 786, de 9 de marzo de 2016, Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, dispone que la soberanía productiva con diversificación en el sector agropecuario debe incrementar la superficie agrícola mecanizada, a través de la transferencia de maquinaria y equipos a pequeños y medianos productores del país.

Que es responsabilidad del Estado fortalecer las capacidades de producción agropecuaria de los gobiernos autónomos municipales y facilitar el acceso a la mecanización agrícola para contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:

1. Crear el Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola;
2. Autorizar al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la contratación directa para la adquisición de maquinaria, equipos e implementos agrícolas para la ejecución del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola;
3. Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia de recursos a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN). Se crea el “Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola”, para fortalecer las capacidades de los sistemas de producción agropecuaria de los municipios, a través de los gobiernos autónomos municipales.

ARTÍCULO 3.- (COMPONENTES DEL PROGRAMA). Son componentes del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola:

1. Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas;
2. Transferencia de capacidades técnicas;
3. Seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO 4.- (TRANSFERENCIA DE RECURSOS).

I.            Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación – TGN al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para el Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, por un monto de hasta Bs243.000.000.- (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), para la adquisición de maquinaria, equipos e implementos agrícolas.

II.          Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN, transferir un monto adicional al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de hasta el cuatro punto cinco por ciento (4.5%) de los recursos totales señalados en el Parágrafo precedente para cubrir los costos operativos, logísticos y administrativos para la ejecución del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola.

ARTÍCULO 5.- (EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO FISCAL). Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir Notas de Crédito Fiscal a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por un monto de hasta Bs38.890.080.- (TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA 00/100 BOLIVIANOS) para el pago de tributos aduaneros por la importación y almacenaje de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas en recintos aduaneros.

ARTÍCULO 6.- (CONTRATACIÓN DIRECTA).

I.            Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, realizar la contratación directa en territorio nacional o extranjero de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, para la ejecución del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola.

              Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo, son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la entidad contratante desde su inicio hasta su conclusión.

II.          Los procedimientos, requisitos y condiciones para la contratación directa serán aprobados por la MAE del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante Resolución Ministerial.

III.         Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, solicitará al proveedor el Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE, para la formalización de la contratación, según lo establecido en la Reglamentación del RUPE.

IV.         Una vez realizadas las contrataciones directas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras deberá:

1. Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo a la normativa emitida por la Contraloría General del Estado;
2. Registrar la contratación directa de bienes en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).

ARTÍCULO 7.- (IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA).

I.            Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, suscribirá convenios intergubernativos con los gobiernos autónomos municipales, para la transferencia de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas y la implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola.

II.          Una vez suscritos los convenios intergubernativos el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, transferirá la maquinaria, equipos e implementos agrícolas.

ARTÍCULO 8.- (TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS).

I.            El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el marco del presente Decreto Supremo realizará la transferencia a título gratuito, de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, a favor de los gobiernos autónomos municipales cuyo procedimiento será establecido mediante Reglamento aprobado por Resolución Ministerial.
 
II.          Los gobiernos autónomos municipales en el ámbito de sus competencias serán responsables del financiamiento para la administración, conservación, mantenimiento y buen manejo de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas transferidos por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, debiendo destinar los bienes transferidos para la implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola.
 
III.         El registro contable de la disposición definitiva de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a favor de los gobiernos autónomos municipales, en el Sistema Oficial de Información de Gestión Pública, se regirá de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. La entrega de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a los gobiernos autónomos municipales, en la misma gestión en que se realizó su adquisición o incorporación, será registrada de forma inmediata por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras reflejando la baja correspondiente del activo con la contracuenta patrimonial;
2. Los gobiernos autónomos municipales registrarán la recepción de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, en cuentas del activo con la contracuenta patrimonial. A este efecto, utilizará el Sistema de Información de Activos Fijos Oficial, coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
3. La transferencia de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a favor de los gobiernos autónomos municipales, no tendrá afectación presupuestaria;
4. En caso que la transferencia de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a los gobiernos autónomos municipales no sea realizada en la misma gestión en la que fueron incorporados en sus registros contables y se mantengan en almacenes o en tránsito, deberá especificarse este hecho en las notas a los estados financieros.

ARTÍCULO 9.- (TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TÉCNICAS). El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, realizará procesos de capacitación en manejo y administración de maquinaria agrícola a personal designado por cada gobierno autónomo municipal.

ARTÍCULO 10.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN).

I.            Los gobiernos autónomos municipales una vez implementados los Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, deberán remitir al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras información establecida en los convenios intergubernativos.

II.          El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, realizará el seguimiento y evaluación a los Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola de cada gobierno autónomo municipal, a fin de recomendar medidas correctivas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- La implementación y ejecución del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola tendrá una vigencia hasta la gestión 2019.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas Públicas; y de Desarrollo Rural y Tierras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de junio del año dos mil dieciséis.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 726
La Paz, 18 de agosto de 2016

VISTOS: La solicitud de reconocimiento de personalidad jurídica presentada por el Centro de Investigación y Desarrollo Regional (CIDRE), en el marco de las Disposiciones Finales Tercera y Cuarta de la Ley Nº 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, la documentación constitutiva, reglamentaria y otros de CIDRE, la nota ASFI/DSR-IV/R-110536/2016 de No Objeción emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que los numerales 14 y 15 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, determinan que son competencias del nivel central del Estado, la otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en más de un Departamento; así como, la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, que desarrollen actividades en más de un Departamento.

Que las Disposiciones Finales Tercera y Cuarta de Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la instancia del nivel central del Estado que ejercerá las competencias de otorgación y registro de las personalidad jurídica de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro con actividad financiera, creadas bajo la forma de "Asociación o Fundación", así como de entidades financieras comunales e instituciones financieras de desarrollo, que desarrollen sus actividades en más de un Departamento.

Que por Resolución Ministerial N° 259 de 05 de mayo de 2016, emitida por este Ministerio, se aprobó el “Reglamento de Otorgación y Registro de Personalidad Jurídica de Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, Entidades Civiles Sin Fines de Lucro con Actividad Financiera, Entidades Financieras Comunales e Instituciones Financieras de Desarrollo que Desarrollan Actividades Financieras en más de un Departamento”, estableciéndose los requisitos y el procedimiento para dicho fin.

Que la institución actualmente denominada CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO con sus siglas CIDRE - IFD, obtuvo anteriormente el reconocimiento de personalidad jurídica mediante Resolución Suprema N° 198799 de 01 de febrero de 1984. Sin embargo, en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, la referida institución realizó la adecuación de su documentación constitutiva ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Que dentro de lo establecido por la Ley N° 393 de Servicios Financieros y el Reglamento aprobado mediante Resolución Ministerial N° 259, la institución CIDRE – IFD cumple con los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica como entidad para el desarrollo de actividades financieras en más de un Departamento, razón por la cual corresponde la emisión de la norma que reconozca dicha situación jurídica, de tal modo que la misma pueda continuar con sus actividades.

POR TANTO:

                El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por Ley,

RESUELVE:

PRIMERA.- RECONOCER y OTORGAR personalidad jurídica al CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO con sus siglas CIDRE – IFD, con domicilio en la Ciudad de Cochabamba del Departamento de Cochabamba, como entidad que desarrolla actividades financieras en más de un Departamento; disponiendo su inscripción en el registro de Personalidad Jurídica de Entidades Financieras Especiales, bajo la matrícula “RPJ-EFIE-001-TP05”, así como la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de Bolivia, a costo del solicitante.

SEGUNDA.- Aprobar el Estatuto Orgánico en XII Títulos y 100 (cien) artículos, así como el Reglamento Interno de CIDRE – IFD, de acuerdo a las Escrituras Públicas N° 54/2016 de fecha 8 de enero de 2016 y N° 1762/2016 de 3 de agosto de 2016, respectivamente, otorgadas por ante Notaria de Fe Pública N° 40 de la Ciudad de Cochabamba a cargo de María Zabalaga Estrada.

TERCERA.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de su área de Archivo Legal  procederá al archivo de la documentación presentada por CIDRE – IFD, para los fines del artículo 11 del Reglamento aprobado por la Resolución Ministerial N° 259 de 05 de mayo de 2016.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

Fdo. Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 155/19
La Paz, 22 de abril de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:
La nota MPR/VA/DESP/UPJ N.I Nº 100/2019 de 07 de marzo de 2019, emitida por el Viceministerio de Autonomías dependiente del Ministerio de la Presidencia, mediante la cual remite el Proyecto de Resolución Ministerial, informe final y antecedentes referidos a la otorgación de personalidad jurídica de la FUNDACIÓN COIN TREE.
Que por memoriales presentados el 29 de junio de 2018, 04 de septiembre de 2018, 30 de octubre de 2018 y 17 de enero de 2019 la FUNDACIÓN COIN TREE solicita la Otorgación de Personalidad Jurídica, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente.
Que el numeral 15 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado, la otorgación y registro de personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un Departamento.
Que la Ley N° 351, de 19 de marzo de 2013, de Otorgación de Personalidades Jurídicas, tiene por objeto regular la otorgación y el registro de la personalidad jurídica a organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no financieras.
Que, los Parágrafos I, II y III del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 1597, de 05 de junio de 2013, Reglamento Parcial de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, disponen que la documentación de la solicitud admitida será revisada en detalle en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, debiendo emitirse un informe preliminar que establezca el cumplimiento de lo requerido en el señalado Decreto Supremo, que identifique las observaciones a ser subsanadas por el solicitante o que disponga el rechazo de la solicitud. El solicitante en un plazo de veinte (20) días hábiles computables desde su notificación, deberá subsanar las observaciones, caso contrario el trámite será archivado. Subsanadas las observaciones y previa evaluación, la Unidad competente del Ministerio de Autonomías emitirá el informe final para la elaboración de la Resolución Suprema o Resolución Ministerial de reconocimiento de la personalidad jurídica.
Que el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el Decreto Supremo N° 3058, de 22 de enero del 2017, fusiona el Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia.
Que el inciso ii) del Artículo 22 del Decreto Supremo N° 29894, modificado por el Parágrafo III del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 3058, señala como atribución de la Ministra(o) de la Presidencia otorgar y registrar personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, que desarrollen actividades en más de un Departamento.
Que el inciso ee) del Artículo 24 Bis del Decreto Supremo N° 29894, incorporado por el Parágrafo IV del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 3058 y complementado por el Parágrafo II del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 3070, de 1 de febrero del 2017, establece como atribución del Viceministerio de Autonomías, atender las solicitudes de otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un Departamento.
Que conforme certificación con Número Correlativo:  552/2017 de 11 de abril de 2018, emitida por el Ministerio de la Presidencia, se ha verificado la inexistencia de duplicidad de nombre en la Base de Datos del Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas - SIREPEJU, en favor de la FUNDACIÓN COIN TREE.
Que conforme Testimonio No. 005/2019 de Escritura Pública de Constitución la FUNDACIÓN COIN TREE ha sido constituida el 10 de enero de 2019.
Que el Informe Final MPR/VA/UPJ/N° 041/2019 de 06 de marzo de 2019, concluye señalando que la FUNDACIÓN COIN TREE, ha cumplido con los requisitos para la otorgación de personalidad jurídica y otros establecidos en la normativa aplicable, así como con las previsiones de contenido del Estatuto Orgánico requeridos en los Artículos 7 y 11 de la Ley N° 351 y del Decreto Supremo N° 1597, respectivamente.
POR TANTO:
El Ministro de la Presidencia, en ejercicio de sus específicas atribuciones,

RESUELVE:
PRIMERO.- Otorgar personalidad jurídica FUNDACIÓN COIN TREE correspondiéndole desarrollar actividades no financieras en todos los Departamentos que comprende el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, según el objeto y fines establecidos en su Estatuto Orgánico, con la prohibición de dedicarse a actividades ilícitas que atenten a la seguridad pública y otras tareas no determinadas en su Estatuto Orgánico bajo sanción de revocatoria de la personalidad jurídica.
SEGUNDO.- Registrar el Estatuto Orgánico conformado por diez (10) Capítulos y setenta (70) Artículos y el Reglamento Interno conformado por cuatro (4) Capítulos y veintisiete (27) Artículos de la FUNDACIÓN COIN TREE, en el Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas – SIREPEJU, componente “Base de datos de los Estatutos y Reglamentos Internos de las personas colectivas”.
TERCERO.-  Se autoriza la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, previo cumplimiento de las formalidades pertinentes por parte de FUNDACIÓN COIN TREE.
Regístrese, comuníquese y archívese.