DECRETO SUPREMO N° 29215

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

CONSIDERANDO:

 

Que en fecha 18 de octubre de 1996 se promulgó la Ley N° 1715, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, y que en fecha 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, modificatoria de la Ley N° 1715.

 

Que es necesario sustituir en su integridad el Reglamento Agrario vigente aprobado mediante Decreto Supremo N° 25763, de 5 de mayo de 2000, así como las disposiciones conexas posteriores, en el marco de lo establecido por la nueva política de reconducción comunitaria de la reforma agraria.

 

Que la Comisión Agraria Nacional en el marco de sus atribuciones, ha considerado y aprobado por unanimidad el informe y el contenido del proyecto del nuevo Reglamento Agrario.

 

Que a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, y en cumplimiento de la atribución constitucional del Presidente de la República establecida en la Atribución 1ª del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del Parágrafo IV del Artículo 88 del Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

 

 

EN CONSEJO DE MINISTROS,

 

D E C R E T A:

 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 1715

DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, MODIFICADA POR LA LEY N° 3545 DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA

 

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

 

CAPITULO I

OBJETO, CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO

Y FINALIDADES

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria y sus modificaciones establecidas en la Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria; así como establecer el carácter social del derecho agrario.

 

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE).

I. El presente Reglamento se aplicará exclusivamente a los procedimientos agrarios administrativos; cuando no exista norma expresa se aplicarán supletoriamente las normas del procedimiento administrativo; y sólo cuando estas normas no regulen algo específico, se recurrirá, a las normas del Código de Procedimiento Civil.

 

II. La judicatura agraria, para la resolución de los conflictos sometidos a su jurisdicción, aplicará las disposiciones de este reglamento, exceptuando los actos procesales y procedimentales, previstos por el régimen de supletoriedad del Artículo 78 de la Ley N° 1715.

 

ARTÍCULO 3.- (CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO). El carácter social del derecho agrario boliviano, consiste en lo siguiente:

 

a) Que el recurso tierra, al ser del dominio originario de la nación, retornará a ella de acuerdo a las condiciones y causales establecidas en la Constitución Política del Estado, las Leyes N° 1715 y N° 3545 y el presente Reglamento.

b) Que las instituciones y autoridades públicas, aplicarán las normas especiales de esta materia, siendo aplicables las normas ordinarias sólo cuando así se disponga de manera expresa.

c) Que el Estado reconocerá y hará cumplir la resolución de conflictos al interior o entre comunidades campesinas, colonias y pueblos indígenas u originarios, adoptada con base en sus usos y costumbres, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, la Constitución Política del Estado y otras disposiciones vigentes.

d) Que en la resolución de controversias, ante la igualdad de elementos objetivos probatorios, prevalecerá la Función Social respecto de la Función Económico Social y el bienestar e interés colectivo frente al bienestar individual.

e) La equidad en el derecho de acceso y tenencia de la tierra de mujeres y hombres.

f) La equidad, en el derecho de acceso y tenencia de la tierra, con preferencia a quienes no la tienen o la tienen insuficientemente.

g) Que en aplicación de la ausencia de formalidad, la autoridad administrativa deberá de oficio dirigir y reencauzar trámites y procedimientos de su conocimiento, además de instar a la subsanación de errores y omisiones de forma, cuando corresponda, de acuerdo a este reglamento. Asimismo, implica la no exigencia de requisitos aparte de los legalmente establecidos, que hagan inviables las solicitudes o demandas.

h) Que el establecimiento de aranceles y cobros por los servicios que prestan las instituciones relacionadas con la materia agraria, deberán ser los estrictamente necesarios, en el marco de una racionalidad que esté de acuerdo con la realidad económica nacional, de tal manera que no se impida ni se haga inviable el acceso a estos servicios.

i) La atención oportuna a la presentación de demandas y solicitudes; en consecuencia, las autoridades deberán pronunciarse clara y expresamente sobre las mismas.

j) La eliminación de toda forma de discriminación por los servidores públicos de las instituciones involucradas en la temática agraria.

k) El reconocimiento de la designación de representantes, sean hombres o mujeres, de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, colonias y otras organizaciones, designados orgánicamente o de manera convencional.

l) El impulso de oficio a los procesos administrativos o jurisdiccionales, sobre todo en lo relativo a las citaciones o notificaciones de inicio de los procesos o con demandas o resoluciones finales, de tal manera que no se deje a la voluntad exclusiva de las partes.

m) El no reconocimiento de ningún derecho y la pérdida del mismo, además de la obligatoria denuncia ante autoridades competentes, cuando se establezca la existencia de relaciones servidumbrales como efecto de cualquier actividad dentro de un predio agrario.

n) Que el otorgamiento y reconocimiento de derechos agrarios estarán sujetos a la aptitud de uso del suelo y a su empleo sostenible, en el marco de las normas ambientales vigentes.

o) Considerar a la tierra de manera integral, incluyendo sus connotaciones sociales, culturales, ambientales, económicas y de desarrollo rural.

 

ARTÍCULO 4.- (FINALIDADES). El presente Reglamento tiene las siguientes finalidades:

 

a) Garantizar el derecho al acceso y tenencia de la tierra precautelando los derechos de las presentes y futuras generaciones.

b) Garantizar el manejo confiable y responsable del régimen agrario que permita superar actos de injusticia social, corrupción y clientelismo en la administración del derecho agrario, comprometiendo un rol institucional con capacidad estratégica y operativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria y de otras instituciones relacionadas con la materia agraria.

c) Efectivizar la expedita ejecución de los procedimientos de saneamiento, reversión, expropiación y distribución de tierras, con el debido resguardo de los derechos constitucionales, la plena participación de las personas interesadas y el ejercicio del control social.

d) Otorgar seguridad jurídica a los derechos de propiedad de medianas y empresas agropecuarias en tanto cumplan una función económico – social en los términos y condiciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento.

e) Garantizar y priorizar el acceso a la tierra de las familias y comunidades sometidas a empatronamiento, cautiverio, trabajo forzoso y sistema servidumbral de relación laboral, en el marco de lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

f) Efectivizar la distribución y redistribución colectiva de tierras fiscales disponibles y recuperadas en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas originarias, campesinas, sin tierra o con tierra insuficiente.

 

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES COMUNES

 

ARTÍCULO 5.- (APLICACIÓN). El presente Capítulo establece disposiciones comunes, de aplicación obligatoria a todos los procedimientos agrarios administrativos regulados en el presente Reglamento.

 

ARTÍCULO 6.- (RESPONSABILIDAD). La ejecución y cumplimiento de estos procedimientos será de estricta responsabilidad de los funcionarios públicos en sus distintas etapas y diferentes actividades, conforme la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. Tales actividades deberán realizarse de manera compatible con la protección de la vida humana, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios y campesinos, la propiedad pública y privada, la promoción de la equidad de género, la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad.

 

ARTÍCULO 7.- (TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN). Se garantiza el acceso a la información y documentación, en la ejecución de los procedimientos agrarios administrativos, de la siguiente manera:

 

a) Las organizaciones sociales o sectoriales y quienes sean parte interesada, accederán a toda información en cualquier momento y sin restricción.

b) El otorgamiento de fotocopias legalizadas y certificaciones sólo procederá previa acreditación del interés legal.

c) Los resultados finales de los procedimientos ejecutados y otra información de alcance general, serán de difusión y acceso a la población en general.

 

ARTÍCULO 8.- (CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN).

I. Se garantiza el control social y la participación de las organizaciones sociales y de otros sectores, a nivel nacional, regional o local, en todos los procedimientos agrarios administrativos regulados por este Reglamento. Para tal efecto, por escrito podrán acreditar o sustituir sus representantes orgánicos, elegidos conforme sus usos y costumbres o de forma convencional, en cualquier etapa de los procedimientos.

 

II. Las personas representantes de organizaciones sociales o sectoriales con personalidad jurídica, apersonadas y acreditadas, quedarán habilitados para participar activamente en cualquier fase del procedimiento, proceder a la firma de formularios y actas de carácter público y hacer constar sus observaciones. Las copias de estos actuados les serán proporcionadas de oficio a la conclusión del acto por los funcionarios responsables.

 

Estos funcionarios estarán obligados a hacer conocer al representante apersonado la realización de toda actividad programada y prestarán apoyo efectivo para viabilizar su participación. La falta de participación del representante a quien se hizo conocer la actividad, no suspende ni anula la ejecución de la misma. La participación de los pueblos indígenas u originarios será obligatoria en los procesos de saneamiento de sus tierras. 

III. Las personas representantes acreditadas también podrán presentar por escrito, denuncias contra funcionarios públicos, reclamos u objeciones a las actuaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ante el superior jerárquico o ante el Viceministerio de Tierras, las que deberán ser obligatoriamente atendidas.

 

IV. Las organizaciones sociales y sectoriales tienen derecho a acceder a información, orientación legal y técnica de las instituciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de otras entidades públicas que consideren pertinentes vinculadas con la temática agraria.

 

V. Se deberá garantizar la aplicación de metodologías adecuadas para efectivizar el derecho de las mujeres a la tierra y su participación en los procedimientos agrarios.

 

VI. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, en coordinación con las organizaciones sociales acreditadas por la Comisión Agraria Nacional, gestionarán el acceso a recursos económicos para la efectiva implementación y funcionamiento del control social.

 

ARTÍCULO 9.- (PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS RELACIONADAS). Se garantiza la participación de la Superintendencia Agraria, la Superintendencia Forestal y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y otras instituciones con competencias relacionadas, en los procesos agrarios administrativos descritos en el presente Reglamento, en cumplimiento de sus atribuciones y mandato institucional.

 

ARTÍCULO 10.- (MEDIDAS PRECAUTORIAS).

I. A objeto de garantizar la ejecución de los procedimientos agrarios administrativos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, podrá disponer, de oficio, a pedido de parte o de entidades públicas, medidas precautorias de carácter temporal que deberán ser oportunas y proporcionales a la amenaza o riesgo del caso concreto, contemplando inclusive el apoyo de la fuerza pública para su ejecución, bajo responsabilidad de la autoridad que deba asumirlas. En saneamiento, las medidas precautorias se pueden disponer para garantizar el ejercicio del derecho posesorio y de propiedad.

 

II. Las medidas precautorias a disponerse, conjunta o indistintamente, pueden ser:

a) Prohibición de asentamiento.

b) Paralización de trabajos.

c) Prohibición de innovar.

d) No consideración de transferencias de predios objeto de saneamiento, expropiación o reversión, efectuadas en el período de su sustanciación.

e) Registro preventivo de tierras presuntamente fiscales o con incumplimiento de la función económico – social.

f) Comunicación del inicio de procedimientos agrarios a las autoridades competentes sobre el uso, explotación y protección de recursos naturales, las autorizaciones otorgadas a partir de dicho acto no serán consideradas en los procedimientos agrarios.

g) Prohibición de fraccionamiento de propiedades medianas y empresas agropecuarias en superficies iguales o menores de la máxima para la pequeña propiedad, asimismo de pequeñas propiedades en extensiones menores.

h) Desalojo de asentamientos ilegales.

 

ARTÍCULO 11.- (COMPETENCIA EN ÁREA RURAL).

I. Los procedimientos agrarios administrativos serán ejecutados sólo en el área rural. Los predios ubicados al interior del radio urbano de un Municipio que cuente con una Ordenanza Municipal homologada, no serán objeto de aplicación de estos procedimientos, bajo sanción de nulidad.

 

En los predios parcialmente comprendidos en áreas urbanas que cuenten con Ordenanzas Municipales homologadas, el saneamiento únicamente se ejecutará sobre la fracción del área rural.

 

II. Si la Ordenanza Municipal está en trámite de homologación y el predio no está destinado al desarrollo de actividades agrarias, dará lugar a la suspensión de los procedimientos agrarios administrativos en un plazo no mayor a seis meses, debiéndose estar a sus resultados. Si, vencido el plazo y la homologación no se hubiere concluido, el Instituto Nacional de Reforma Agraria retomará el conocimiento y ejecución del procedimiento.

 

Dentro de un área demandada como Tierra Comunitaria de Origen, la medida de suspensión será objeto de consulta al pueblo indígena u originario respectivo.

 

III. Para el caso de la creación y modificación de radios urbanos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá coordinar con los Gobiernos Municipales, la definición de estos límites de acuerdo a las normas específicas que regulan la materia.

 

IV. Para resolver la ampliación de un radio urbano que afecte a un pueblo indígena u originario, a parte de la coordinación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Concejo Municipal competente necesariamente deberá realizar una consulta previa, oportuna y de buena fe, por medios idóneos a los pueblos indígenas u originarios involucrados. El resultado de esa consulta deberá consignarse en la resolución sobre la ampliación del radio urbano

 

ARTÍCULO 12.- (SUJECIÓN A NORMAS TÉCNICAS CATASTRALES, TRANSFERENCIAS Y REGISTROS).

I. Las actividades técnicas que se desarrollen en cualquiera de los procedimientos agrarios administrativos, se sujetarán a las normas técnicas catastrales emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

 

II. Los procedimientos agrarios incluirán la formación y actualización del Catastro Rústico Legal, la transferencia y el registro de información, de conformidad con el Artículo 414 y siguientes de este Reglamento.

 

ARTÍCULO 13.- (ACREDITACIÓN DE DERECHOS). Las personas interesadas podrán acreditar sus derechos mediante el uso de todos los medios de prueba legalmente admitidos.

 

ARTÍCULO 14.- (EXTINCIÓN DE OTROS DERECHOS). La restitución al dominio originario de la Nación de predios rurales como efecto de la ejecución de los procedimientos agrarios administrativos, extingue de pleno derecho las hipotecas y gravámenes constituidos, así como todos aquellos derechos reales y personales, salvo lo señalado en los Parágrafo III del Artículo 56 y Parágrafo III del Artículo 63 de la Ley N° 1715 y lo regulado en el proceso de saneamiento.

ARTÍCULO 15.- (PLAZOS COMPUTABLES). Los plazos establecidos en el presente Reglamento se computarán en días calendario, salvo disposición contraria expresa. Si un plazo venciera en un día inhábil se recorrerá al día siguiente hábil. Las actividades y actuados en los procedimientos agrarios administrativos son contínuos e ininterrumpidos pudiendo ser ejecutados en días domingos y feriados. Las notificaciones podrán ser practicadas en esos días, previa habilitación expresa.

 

ARTÍCULO 16.- (EXENCIÓN DE VALORES Y ARANCELES).

I. Las inscripciones de tierras a favor del Estado, así como las cancelaciones de registros, subregistros, cargas, hipotecas, gravámenes, anotaciones preventivas y otras emergentes de la ejecución de los procedimientos de saneamiento, de reversión o de expropiación, quedan expresamente exentas del pago de valores y aranceles ante el Registro de Derechos Reales así como no estar sujetas al pago del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles ante las Municipalidades, por ser resultado de un proceso de regularización del derecho de propiedad agraria o retorno a dominio del Estado.

 

Todas las propiedades que sean registradas o canceladas en el Registro de Derechos Reales por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, como efecto del saneamiento, quedan exentas del pago de valores y aranceles.

 

II. Las Instituciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la Superintendencia Agraria no serán objeto del cobro de valores y aranceles en los procesos ante la Judicatura Agraria en los que sea parte, asimismo no serán condenadas a costas procesales.

 

ARTÍCULO 17.- (TRÁFICO Y VENTA DE TIERRAS DE COMUNIDAD). De existir indicios o evidencia de la existencia de personas que pretendan constituir o constituyan comunidades campesinas, pueblos indígenas u originarios, en contravención a las normas vigentes y con la finalidad de realizar negocios o transacciones con tierras de comunidad, así como de evidenciarse indicios o comprobarse la venta o transferencia de tierras de comunidad que por su propia naturaleza son inalienables, las autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Superintendencias Agraria y Forestal y otras instancias, denunciarán los hechos al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por los delitos de estelionato, estafa y otros que correspondan, constituyéndose estas instituciones y el Instituto Nacional de Reforma Agraria en parte, dentro de los indicados procesos.

 

Sin perjuicio de lo señalado, las personas que estuvieren involucradas, no podrán acceder bajo ningún título a nuevos procesos de distribución de tierras en ninguna parte del territorio de la República.

 

TÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL

 

CAPÍTULO I

COMISION AGRARIA NACIONAL

 

SECCIÓN I

COMPOSICION DE LA COMISION AGRARIA NACIONAL

 

ARTÍCULO 18.- (COMPOSICIÓN). La Comisión Agraria Nacional está compuesta por las autoridades públicas y los representantes de las organizaciones sociales y sectoriales mencionadas en el Parágrafo II del Artículo 11 de la Ley N° 1715 modificado por el Artículo 8 de la Ley N° 3545 quienes, a los efectos del presente Reglamento, se denominarán “Comisionados”.

 

ARTÍCULO 19.- (SUPLENCIAS).

I. Los Comisionados impedidos de asistir a las sesiones serán suplidos, con derecho a voz y voto, por:

 

a) El servidor público que reemplace temporalmente en el ejercicio del cargo al impedido, cuando se trate de una autoridad pública; o

b) La persona natural nombrada convencionalmente, tratándose de un representante de una organización social o sectorial.

 

II. Los actos de los suplentes designados por escrito por los Comisionados se tendrán por válidos y no podrán ser impugnados posteriormente.

 

ARTÍCULO 20.- (HABILITACIÓN DE COMISIONADOS). Los Comisionados o suplentes, antes de su primera actuación presentarán ante la Secretaría Permanente de la Comisión Agraria Nacional, los documentos que los acreditan como tales. Su habilitación estará sujeta al reglamento interno de la Comisión Agraria Nacional.

SECCIÓN II

ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA NACIONAL

 

ARTÍCULO 21.- (ESTRUCTURA ORGÁNICA). La Comisión Agraria Nacional tiene la siguiente estructura orgánica:

 

a) Plenaria, como órgano de deliberación y decisión;

b) Presidencia, como órgano de representación y dirección; y

c) Secretaría Permanente, como órgano de apoyo administrativo y técnico.

 

ARTÍCULO 22.- (PLENARIA). La Plenaria de la Comisión Agraria Nacional tiene las atribuciones conferidas en el Artículo 13 de la Ley N° 1715, modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 3545.

 

ARTÍCULO 23.- (PRESIDENCIA).

I. La Presidencia de la Comisión Agraria Nacional es ejercida por el Ministro o la Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente o su representante.

 

II. La Presidencia de la Comisión Agraria Nacional tiene las siguientes funciones:

 

a) Representar a la Comisión Agraria Nacional;

b) Convocar a sesiones de la Comisión, en cualquier tiempo cuando estime necesario, o a solicitud de por lo menos cinco (5) de los Comisionados, disponiendo su citación;

c) Presidir las sesiones de la Comisión, con facultades para:

1. Disponer que el Secretario Permanente dé cuenta de los asuntos consignados en el orden del día;

2. Dirigir las deliberaciones de conformidad con el reglamento interno de la Comisión disponiendo cuartos intermedios cuando lo considere oportuno;

3. Llamar a los Comisionados al orden y, en su caso, proponer la suspensión de la sesión a la plenaria y si el desorden se reproduce, levantar la sesión; y

4. Proponer votaciones cuando corresponda y proclamar sus resultados;

 

d) Poner en conocimiento del Presidente de la República los informes de posiciones cuando no se llegue a consensos;

e) Suscribir actas de las sesiones y resoluciones de la Comisión;

f) Elaborar y presentar su presupuesto anual para aprob


SUSCRIPCION OBLIGATORIA
DECRETO SUPREMO Nº 690

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripción obligatoria, sin excepción alguna, de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del Organo Ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la obtención física de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas.


TEXTO DE CONSULTA
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